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“La empresa (Nobleza Piccardo) adujo un perjuicio económico de 40 millones de pesos y sostuvo que la provincia fue más allá de sus competencias para cuidar la salud de los ciudadanos”, resumió el letrado, quien explicó que es “el monto que ellos dicen que pierden por publicidad y en materia de contratos”. La ley fue sancionada en 2006 y, según la tabacalera, que produce y comercializa en el país más de trece marcas nacionales e internacionales de cigarrillos, la norma provincial establece mayores restricciones que la ley nacional.
“El núcleo del argumento es que, según su interpretación, se viola la libertad de expresión, que también incluye la publicidad comercial. La compañía considera que no hay regulación, sino aniquilación o destrucción del derecho de expresión comercial”, explicó Barraguirre. La demanda de inconstitucionalidad fue hecha ante el juzgado federal 1 de Santa Fe, cuyo titular se declaró incompetente por tratarse de una causa de manifiesto contenido federal. Hace dos meses, la Corte Suprema rechazó una medida cautelar para que no se aplique la Ley de Control de Tabaquismo 12.432, solicitada por los abogados de Nobleza Piccardo. Para ello invocaron, entre otros tratados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La principal preocupación de la tabacalera fundada en 1898 son los artículos que van desde el 5 al 9, que limitan la publicidad y la promoción de sus productos, aunque para ellos directamente la prohíben. Según se señala en un dictamen de la procuradora Laura Monti elevado a la Corte Suprema, la empresa también cuestiona la prohibición en “el auspicio de eventos deportivos y culturales, lo cual viola la ley nacional 23.344 y su complementaria ley 24.044 que regula, a nivel nacional, la publicidad de cigarrillos”. La primera norma fue sancionada en 1986 y establece la obligación de advertir en los paquetes de cigarrillos que “fumar es perjudicial para la salud” y otras medidas tendientes a evitar cualquier tipo de publicidad dirigida a los menores de edad.
“El problema que la ley 24.044 es vieja y más blanda que las leyes provinciales de Santa Fe, Tucumán o Córdoba. En marzo del año que viene vamos a tratar de aprobar una ley acorde con los tratados firmados con la Organización Mundial de la Salud, pero por ahora no existe una ley nacional antitabaco”, explicó a Página/12 el diputado Juan Sylvestre Begnis, ex ministro de Salud santafesino. “Realmente necesitamos una ley que ponga al tabaco en su lugar”, continuó el legislador, quien también preside la Comisión de Salud del Congreso nacional. “Para no crear nuevos consumidores la publicidad debe ser prohibida”, sentenció.
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